Marco jurídico del autoconsumo de combustibles.

Dentro de la cultura de autoconsumo energético que está favoreciendo la crisis económica cada día gana más adeptos el autoconsumo de combustibles, en particular el uso de aceite vegetal, nuevo o usado, como sustitutivo del gasoil.

Pese a que existe el mito de que el primer motor patentado por Rudolf Diesel funcionaba con aceite vegetal, el primer diesel empleaba polvo de carbón y no fue hasta la Exposición Universal de París de 1900 cuando se mostró un motor diesel funcionando sin problemas con aceite de cacahuete.

Se dice también que las primeras máquinas agrícolas que llegaron a nuestro país a principios del siglo XX, al no existir entonces una red de distribución de combustibles, recurrieron también al aceite vegetal.

Hablamos pues de una idea más que centenaria y ampliamente utilizada que, salvo mejor criterio, es ilegal.

Concretamente una infracción tributaria descrita en el artículo 55 de la ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales que establece que constituirá infracción grave la inobservancia de las prohibiciones y limitaciones de uso que se establecen en el artículo 54 de esta ley.”

Dicho artículo 54 establece que “La utilización como carburante de los productos a que se refiere el apartado 2 del artículo 46 de esta Ley (…) está prohibida”

¿A qué productos se refiere el artículo 46.2? A los “no comprendidos en el apartado anterior destinados a ser utilizados como carburante, como aditivos para carburantes o para aumentar el volumen final de determinados carburantes.”

¿A qué se arriesga quien emplea aceite como combustible en su coche ode su barco?

Esto se regula en el artículo 55:

  • a)hasta 10 CV de potencia fiscal, en multa de 600 euros y un mes de precintado e inmovilización del vehículo.

  • b)Entre 10 y 25 CV de potencia fiscal, en multa de 1.800 euros y dos meses de precintado e inmovilización del vehículo.

  • c)Entre 25 y 50 CV de potencia fiscal, en multa de 3.600 euros y tres meses de precintado e inmovilización del vehículo.

  • d)De más de 50 CV de potencia fiscal, en multa de 6.000 euros y cuatro meses de precintado e inmovilización del vehículo.

Además en los caso en que el precintado e inmovilización se dedujera grave perjuicio para el interés público general, la sanción consistirá en multa de hasta 12.000 euros.

Reemplazar el gasoil por aceite contribuye a ralentizar el cambio climático ya que evita añadir CO2 a la atmósfera en un tiempo en que los países han de pagar por estas emisiones. Reduce asimismo las partículas y otros contaminantes asociados al gasóleo y además, cuando lo que se consume es aceite de cocina usado, lo que se está haciendo es eliminar un contaminante.

Este autoconsumo reemplaza el petróleo comprado allende nuestras fronteras por cultivos vegetales locales evitando al mismo tiempo los impactos ambientales del transporte de crudo de los cuales tristemente tenemos experiencia.

Resulta pues sorprendente que el legislador en lugar de canalizar ésta, y otras prácticas análogas, haya optado directamente por la prohibición.

Si el objetivo de la legislación tributaria es que el contribuyente no deje de pagar los impuestos que gravan los combustibles ¿No sería pues más razonable posibilitar a quien lo haga el pago de dichos tributos en lugar de prohibir, cuando lo que se prohíbe beneficia al medio ambiente, a nuestra economía y a la independencia energética de nuestro país?

Seguramente, cuando se promulgó esta norma hace ya más de veinte años, se trataba de evitar el uso de gasóleo agrícola y de calefacción en automóviles y barcos con el consiguiente fraude fiscal y no se tuvieron en cuenta los efectos colaterales de esta prohibición.

Sería conveniente pues una legislación que compatibilizara el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el autoconsumo de combustibles.

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Freelances y Primacía de la Realidad.

 Entre las pocas ofertas de empleo que aparecen hoy en día en los medios especializados se repite con frecuencia la palabra freelance, término medieval británico para referirse al caballero que no trabaja para ningún señor en concreto y cuyos servicios puede contratar cualquiera.

Inicialmente el uso moderno del término se refería a la modalidad de trabajo en el ámbito periodístico a través de la cuál los periódicos compraban informaciones o fotografías a profesionales autónomos.

Posteriormente se fue incluyendo al resto de profesiones liberales típicas.

Hoy en día es posible ver ofertas de trabajo de cualquier tipo como freelance. Y aquí surge la duda. ¿Hablamos de freelances o de falsos autónomos?

 Una persona que trabaja en exclusividad o en su mayor parte para un único “cliente” no es un autónomo ni lo es tampoco quien depende de un único “cliente”.

 Dice un viejo aforismo civilista que “las cosas son lo que su naturaleza y no su denominación determina”. Así, el llamado principio de primacía de la realidad constituye un mecanismo de preservación del ordenamiento jurídico laboral basado en la indisponibilidad de gran parte de las normas laborales.

 Dicho mecanismo obra viciando de nulidad aquellos acuerdos que pretenden desconocer el ordenamiento laboral de manera tal que, si la realidad práctica y los acuerdos no coinciden, se tomará en consideración la primera.

 Esto no significa que no haya autonomía de la voluntad en el ámbito laboral, sino que la habrá para establecer condiciones que mejoren los mínimos que las normas laborales reconocen al trabajador.

De esta manera, dos personas podrían celebrar formalmente un contrato civil o mercantil (bajo cualquier denominación) que se tradujera materialmente, en la práctica, en una prestación con todas las características que definen al contrato laboral.

 Dicha relación contractual en virtud del principio que nos ocupa sería considerada como laboral por un juez.

 El poeta americano James Whitcomb Riley escribió: “Cuando veo un pájaro que anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, lo llamo pato.” De igual modo cuando un juez ve subordinación, ajenidad, dependencia, remuneración, prestación personal, horario y jornada de trabajo uniformes, inclusión en el organigrama, exclusividad en la prestación de servicios, documentos que prueben sumisión a las directrices empresariales… lo llama contrato de trabajo.

 Podemos encontrar este principio en las legislaciones de muchos países, lo cual no es de extrañar ya que, sin él,[ la función protectora respecto al trabajador, que da sentido a la existencia derecho laboral, se convertiría en papel mojado.

 Todas esas ofertas de trabajo de hoy en día en calidad de freelance lo serán en realidad o no lo serán en absoluto ya que en caso de conflicto, el juzgador le llamará al pan, pan, al vino, vino y al falso autónomo trabajador por cuenta ajena.

Estafas 2.0

Una historia signo del tiempo de globalización y debacle económica que nos ha tocado vivir.

Una persona, llamémosle X, sufre el robo de sus datos de acceso a su banco a través de Internet. No nos importa cómo, mediante phishing -suplantando la web de su banco-, mediante programas que capturan y envían pulsaciones de teclas, quebrantando la seguridad de su red inalámbrica doméstica…de mil posibles maneras y desde Dios sabe dónde.

Poco después, otras personas, llamémosles Y y Z aceptan una sugerente oferta de empleo a través de Internet en la que se les promete unos ingresos a cambio de un trabajo sencillo que podrán llevar a cabo desde la comodidad de su hogar.

El trabajo consistirá en gestionar transferencias internacionales de dinero.

En lugar de la típica entrevista de trabajo, Y recibirá una suma considerable que tendrá que manejar diligentemente si quiere merecer la confianza de su futuro empleador. Éste usurpará el nombre de una empresa de prestigio para que Y no sospeche nada si consulta su identidad en un buscador de internet. Las instrucciones le serán facilitadas por teléfono.

A Z le han contratado directamente. ¿Su primera misión? Transferir a Y una suma de dinero desde una cuenta bancaria cuyos datos le serán facilitados también por telefono.

Y y Z reciben sus respectivas llamadas. Más tarde sabrán que una se hizo desde Papúa-Nueva Guinea y la otra desde Abjasia.

A Z le piden que, con los datos robados a X, transfiera 100.000 euros a Y. A Y le piden que, cuando reciba este dinero, lo reenvíe a W residente en Mauritania, a través de una empresa de envío de remesas.

X descubre la sustracción y reclama a su banco y denuncia ante la policía. El banco revisa los registros de su servidor. Tras arduas investigaciones se consigue dar con Z.

Y ya no tiene el dinero. Lo ha transferido a un tal W en Mauritania.

Y y Z tienen un serio problema , se les acusa de estafa y/o blanqueo de dinero. Sus posibilidades de defensa son grandes, pero verse envuelto en un procedimiento penal es en sí mismo una condena.

Hallar a los culpables raya en lo imposible

Historias como éstas se esconden tras los duros a cuatro pesetas que nos venden en el correo basura. Image

Cómputo de plazos en fase de instrucción

En fase de instrucción ¿deben contabilizarse los sábados y domingos a efectos de cómputo de plazos para presentación de escritos?

Según el artículo 182.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial “Son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad.”

Por otra parte (artículo. 184.1 LOPJ) “todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial.”

En la misma línea se pronuncia el Artículo 201 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; “Todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial.”

¿Significa esto que deben contabilizarse sábados y domingos a efectos de cómputo de plazos para presentación de escritos en instrucción?

El artículo 185.1 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles.”

A juzgar por los artículos mencionados y salvo mejor criterio, la habilitación de sábados y domingos se debe a la perentoriedad de la investigación y no debería afectar a las actuaciones de parte.

La opinión contraria está sin embargo muy extendida ¿con qué fundamento jurídico?

Recargo de prestaciones

Una de la las responsabilidades más importantes (y probablemente una de las más desconocidas) a las que tiene que hacer frente el empleador a consecuencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional es el recargo de prestaciones de la SeguridadSocial.

Así, el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social establece que “ Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.”

Es decir, que en este caso, al faltar en cierta manera la imprevisibilidad propia de un accidente, el legislador ha establecido esta institución con un doble propósito; sancionar las imprudencias más graves que derivan y son causa de un daño para la salud e integridad física del trabajador y al mismo tiempo mejorar las prestaciones de las que es beneficiario el mismo.

Para que exista el recargo es imprescindible que haya un nexo causal entre el accidente y la falta de medidas de seguridad.

La determinación del porcentaje se determina según la gravedad de la falta cometida.

“La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.”

Así nos podríamos encontrar con que las responsabilidades civiles derivadas de un accidente laboral o enfermedad profesional fueran cubiertas por un seguro.  Que no existiera responsabilidad penal, o que tratándose por ejemplo de una pena de prisión ésta se suspendiera, de manera que la consecuencia más gravosa para el empresario sería con mucho el recargo de prestaciones ya que no puede ser objeto de seguro.

Añade el citado artículo que “la responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción” cuestión ésta que no ha sido pacífica para la doctrina ya que ¿por qué se ha de indemnizar al trabajador nuevamente por vía del recargo de prestaciones cuando el empresario ya lo ha hecho al satisfacer la correspondiente responsabilidad civil?, ¿por qué se ha de castigar nuevamente al empresario que ya ha padecido las correspondientes responsabilidades administrativas o penales?

La importancia de este recargo es trascendental, alcanzando en la mayoría de los casos su importe una cuantía que supera enormemente la posible sanción que pueda imponerse a la empresa.

Téngase en cuenta que se obliga a la empresa a la constitución de una cantidad a tanto alzado, es decir a la capitalización del importe del recargo.

División de cosa común

Una de las controversias que se plantea con más frecuencia en la práctica cotidiana es la división judicial de patrimonios.

Podríamos decir que nuestro ordenamiento jurídico tiene aversión por las situaciones de copropiedad o que, al menos, las considera como situaciones que han de ser transitorias.

Así, el Artículo 400 del Código Civil nos dice que “Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común.”

En contrapartida a este derecho del comunero a solicitar en cualquier tiempo la división nos encontramos con un catálogo cerrado de causas de oposición a la misma como puede ser “el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de diez años” del segundo párrafo del mismo artículo 400.

La cuantía del procedimiento es el valor del bien a dividir y los honorarios de abogados y procuradores se calculan según las cuotas de cada comunero, llegando a suponer, en consecuencia, un porcentaje muy elevado del valor del bien, todo ello sin considerar el descalabro de una  eventual condena en costas.

El procedimiento supone además una considerable pérdida de tiempo muy a tener en cuenta sobre todo en la actual situación de desplome del mercado inmobiliario.

Si en general es cierto el dicho de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, en este caso lo es especialmente. El orgullo puede costar mucho dinero. Y en vista de lo que se pierde si no se alcanza un acuerdo, el margen para la negociación es amplio.

No nos corresponde a nosotros considerar las consecuencias extra jurídicas de judicializar estas cuestiones cuando se dan en el ámbito familiar, más gravosas si cabe que las materiales.

Swaps

Los contratos de permuta financiera, denominados coloquialmente como swaps, han ocupado los titulares de forma notoria ha raiz de los numerosísimos pleitos que han tenido lugar entre consumidores y entidades bancarias en fechas recientes.Wikipedia los ha definido como contratos por los cuales dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Normalmente los intercambios de dinero futuros están referenciados a tipos de interés y es en el mismo objeto del contrato donde han surgido muchos conflictos.

Muchas de las demandas contra entidades bancarias han alegado que los swaps fueron planteados por la entidad bancaria como un contrato de seguro contra los efectos negativos derivados de la evolución de los tipos de interés. Desde esta interpretación se descartaría por parte del consumidor que ese “seguro” pudiera tener para él efectos nocivos de la misma manera que uno no espera tener que pagar más por no tener siniestros en un seguro de hogar o de automóvil.

Entramos pues de lleno en los dominios del consentimiento y de ahí en los vicios de éste; en este caso el error.

Según el Código Civil,  el error ha de ser inexcusable para que el contrato viciado por el mismo sea nulo.

Tal y como se ha expresado jurisprudencialmente::

“cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular, pero esa diligencia, sigue señalando la jurisprudencia, ha de valorarse apreciándose las circunstancias de toda índole que concurren en el caso, incluso las personales y no sólo las de quien ha padecido el error sino también las del otro contratante, pues la función básica del requisito de la excusa vivida es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido un error cuando éste no merece protección por su conducta negligente, trasladando la protección a la otra parte, que la merece por la confianza infundida en la declaración.”

Las numerosas sentencias van fijando criterios, así, en cuanto a circunstancias personales, la tipología de demandantes ha sido variada; jubilados, invidentes, notarios…todos ellos considerados como consumidores, con las consecuencias en cuanto a jurisdicción, competencia, etc. que de ello se derivan.

Entran aquí en juego los requerimientos legales en cuanto a la información que han de ofrecer las entidades bancarias.

– Circular 8/90 del Banco de España
– Ley 47/2007
– RD 629/1993

En otros casos se ha puesto en duda la existencia misma del contrato, al considerarse éste por parte del consumidor como una mera solicitud por su parte que nunca fue confirmada.

Hay que destacar que a veces estos contratos de cobertura han seguido teniendo efecto una vez desaparecida la hipoteca a la que hacían referencia ¿Ha de subsistir un contrato de cobertura cuando ya no existe el contrato que le sirve de causa?

Evidentemente las entidades bancarias no han tenido una bola de cristal que les permitiera conocer la evolución futura de los tipos de interés, pero cabe plantearse una reflexión profunda acerca de si la información ofrecida al consumidor, profano y lego en la procelosa materia bancaria, ha sido la necesaria y suficiente vista la avalancha de demandas.

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