Estafas 2.0

Una historia signo del tiempo de globalización y debacle económica que nos ha tocado vivir.

Una persona, llamémosle X, sufre el robo de sus datos de acceso a su banco a través de Internet. No nos importa cómo, mediante phishing -suplantando la web de su banco-, mediante programas que capturan y envían pulsaciones de teclas, quebrantando la seguridad de su red inalámbrica doméstica…de mil posibles maneras y desde Dios sabe dónde.

Poco después, otras personas, llamémosles Y y Z aceptan una sugerente oferta de empleo a través de Internet en la que se les promete unos ingresos a cambio de un trabajo sencillo que podrán llevar a cabo desde la comodidad de su hogar.

El trabajo consistirá en gestionar transferencias internacionales de dinero.

En lugar de la típica entrevista de trabajo, Y recibirá una suma considerable que tendrá que manejar diligentemente si quiere merecer la confianza de su futuro empleador. Éste usurpará el nombre de una empresa de prestigio para que Y no sospeche nada si consulta su identidad en un buscador de internet. Las instrucciones le serán facilitadas por teléfono.

A Z le han contratado directamente. ¿Su primera misión? Transferir a Y una suma de dinero desde una cuenta bancaria cuyos datos le serán facilitados también por telefono.

Y y Z reciben sus respectivas llamadas. Más tarde sabrán que una se hizo desde Papúa-Nueva Guinea y la otra desde Abjasia.

A Z le piden que, con los datos robados a X, transfiera 100.000 euros a Y. A Y le piden que, cuando reciba este dinero, lo reenvíe a W residente en Mauritania, a través de una empresa de envío de remesas.

X descubre la sustracción y reclama a su banco y denuncia ante la policía. El banco revisa los registros de su servidor. Tras arduas investigaciones se consigue dar con Z.

Y ya no tiene el dinero. Lo ha transferido a un tal W en Mauritania.

Y y Z tienen un serio problema , se les acusa de estafa y/o blanqueo de dinero. Sus posibilidades de defensa son grandes, pero verse envuelto en un procedimiento penal es en sí mismo una condena.

Hallar a los culpables raya en lo imposible

Historias como éstas se esconden tras los duros a cuatro pesetas que nos venden en el correo basura. Image

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Cómputo de plazos en fase de instrucción

En fase de instrucción ¿deben contabilizarse los sábados y domingos a efectos de cómputo de plazos para presentación de escritos?

Según el artículo 182.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial “Son inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad.”

Por otra parte (artículo. 184.1 LOPJ) “todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial.”

En la misma línea se pronuncia el Artículo 201 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; “Todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial.”

¿Significa esto que deben contabilizarse sábados y domingos a efectos de cómputo de plazos para presentación de escritos en instrucción?

El artículo 185.1 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles.”

A juzgar por los artículos mencionados y salvo mejor criterio, la habilitación de sábados y domingos se debe a la perentoriedad de la investigación y no debería afectar a las actuaciones de parte.

La opinión contraria está sin embargo muy extendida ¿con qué fundamento jurídico?

Trabajo y prisión

La actividad laboral de los internos  en prisión difiere en algunos aspectos de la llevada a cabo por el trabajador en libertad.

En primer lugar en cuanto al marco normativo aplicable, el cual está presidido por el artículo 25.2 de la Constitución que consagra el derecho al trabajo del interno en prisión y a los correspondientes beneficios de la Seguridad Social.

Este derecho ha sido desarrollado por el Real Decreto 782/2001 como norma básica reguladora de la relación laboral especial penitenciaria que sólo permite remisiones al Estatuto de los Trabajadores y al resto de la legislación  laboral cuando así lo establezca expresamente.

Esto da lugar a un cierto vacío normativo acrecentado al no resultar de aplicación, al menos de forma directa, los convenios colectivos.

Aunque con diferencias, también se dan en este caso características de la relación laboral definida en el artículo 1.1. de Estatuto de los Trabajadores.

La relación laboral especial penitenciaria es personal. Es por cuenta ajena, siendo el empleador el Organismo Autónomo Trabajo penitenciario y formación para el empleo, adscrito al Ministerio del Interior y que mantendrá una oferta de puestos de trabajo acorde con las disponibilidades económicas, ordenada en un catálogo y clasificada por actividades, especificando la formación requerida y las características de cada puesto.

La retribución del trabajador penitenciario es considerablemente inferior a la recogida en los convenios colectivos. Dicha retribución es ingresada en el peculio, o cuenta en dinero penitenciario del interno.

Las jornadas son también considerablemente más cortas, y habrán de adecuarse al régimen de vida penitenciario.

En cuanto a causas de extinción, suspensión, permisos laborales y resto de incidencias en la vida laboral hemos de acudir a l citado Real Decreto 782/2001.

Dentro de las remisiones expresas hechas por el Real Decreto 782/2001 hay que destacar la que hace a la Ley31/1995  de Prevención de Riesgos laborales plenamente aplicable en este caso.

Hay que tener en cuenta que quedan excluidas de esta regulación las diferentes modalidades de ocupación no productiva que se desarrollen en los establecimientos penitenciarios.

Una de las causas que extingue esta relación laboral es el traslado del interno a otro centro penitenciario. Con el fin de que su trabajo continuidad se la dará prioridad para acceder a un nuevo empleo en el centro de destino.

El acceso al empleo en prisión estará regulado por un orden de prelación que tendrá en cuenta el programa individualizado de tratamiento, priorizará a los penados sobre los preventivos y tendrá en cuenta las aptitudes laborales, conducta y tiempo de permanencia en el establecimiento penitenciario así como sus cargas familiares.

Es en este momento, cuando el centro penitenciario dispone de un empleo y el interno reúne las condiciones para ocuparlo cuando podemos considerar que el derecho del interno a un empleo es plenamente exigible. Hasta entonces será sólo un derecho de aplicación progresiva, es decir que su efectividad depende de los medios que la Administración Penitenciaria tenga en cada momento, no pudiendo, ser exigido en su totalidad de forma inmediatamente si realmente existe imposibilidad material de satisfacerlo .

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